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¿Se acaba la carrera de Flies? La drástica decisión de Dorothy Pérez que deja al Gobernador en la cuerda floja

La Contraloría General de la República ha emitido un dictamen demoledor que confirma graves irregularidades en la adquisición de un inmueble por parte del Gobierno Regional (GORE) de Magallanes, bajo la gestión del gobernador Jorge Flies. El organismo fiscalizador, liderado por Dorothy Pérez, determinó que la compra de la propiedad —destinada a una residencia para el Servicio de Protección Especializada a la Niñez— no se ajustó a derecho, al omitirse la licitación pública obligatoria y no existir una resolución fundada que justificara el trato directo. El caso cobra mayor relevancia debido a que el inmueble pertenecía a un juez tributario de la región, lo que ha levantado serios cuestionamientos sobre el cumplimiento de los principios de probidad administrativa.

El ahora diputado Alejandro Riquelme, quien impulsó la denuncia original junto a otros consejeros regionales y parlamentarios, calificó el fallo como una validación de la labor fiscalizadora frente al uso de los recursos públicos. Según el informe técnico, el proceso de selección de la vivienda careció de estudios técnico-económicos que justificaran por qué esa propiedad específica era la única apta para el proyecto, detectándose además inconsistencias graves en las tasaciones comerciales. Para los denunciantes, este dictamen es la prueba de que se privilegió un beneficio particular por sobre el resguardo del patrimonio regional en una operación de miles de millones de pesos.

Ante la gravedad de los hallazgos, la Contraloría ha ordenado la instrucción de sumarios administrativos directos desde el nivel central contra el GORE Magallanes y el Servicio de Protección Especializada. Asimismo, todos los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para que se investiguen posibles delitos asociados a la operación, mientras que en el Consejo Regional ya se evalúan acciones legales que podrían incluir la solicitud de destitución de la autoridad regional. Con este escenario, la política magallánica enfrenta una de sus crisis de transparencia más profundas, con la justicia y los organismos de control siguiendo de cerca cada paso de la administración de Flies.

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