La Municipalidad de Punta Arenas encendió las alertas ante un inminente perjuicio económico para los vecinos de la comuna. Tras una visita técnica al actual vertedero municipal, el alcalde Claudio Radonich advirtió que los prolongados retrasos del Gobierno Regional (GORE) en la concreción de un nuevo relleno sanitario obligarán a realizar obras de mitigación de alto costo, las cuales, por estricta normativa legal, se traducirían en un alza directa en las tarifas de los derechos de aseo que paga la ciudadanía.
El conflicto tiene su origen en un proceso de licitación y diseño iniciado en 2017 por el GORE, el cual proyectaba el funcionamiento definitivo del nuevo recinto de disposición de residuos para el año 2022. Sin embargo, tras sucesivas postergaciones para 2024 y 2026, la iniciativa estructural sigue sin materializarse. Frente a este escenario, el jefe comunal fue duro en sus críticas, apuntando a una “falta de gestión, visión y humildad” por parte del ente regional para solicitar apoyo técnico oportuno, acusando además que recién en esta última instancia se intentó traspasar la responsabilidad administrativa del futuro relleno al municipio.
La urgencia del municipio radica en la limitada vida útil que le resta al actual vertedero. Para lograr extender su operatividad mientras se espera el nuevo recinto, la municipalidad deberá inyectar millonarios recursos en obras de emergencia. “Revertir esta situación va a significar invertir mucho dinero y, por norma, esos costos se reflejan en los derechos de aseo. Es decir, mientras más gasto tenga el sistema, más pagan los vecinos”, detalló Radonich. Ante esta inminente alza tarifaria, el edil garantizó que dará una férrea pelea institucional para evitar que los puntarenenses asuman el costo financiero de un estancamiento administrativo que ya se arrastra por siete años.
