La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, ha anunciado que uno de los ejes centrales del plan fiscalizador para el año 2026 será la revisión exhaustiva de la entrega de beneficios sociales. Durante su intervención en el conversatorio “Probidad y Eficiencia del Estado”, organizado por la Universidad de los Andes (Uandes), la autoridad enfatizó que esta prioridad se suma a otras áreas críticas como la infancia y las migraciones. El objetivo principal de esta medida es detectar y corregir situaciones de abuso, asegurando que los recursos públicos lleguen exclusivamente a quienes cumplen con los requisitos estipulados por la ley.
Pérez fundamentó esta decisión en la necesidad de optimizar los recursos del Estado, subrayando que los fondos públicos son finitos y deben ser destinados a los sectores con mayores carencias. Según explicó la abogada, la correcta asignación de estos beneficios no es solo una cuestión administrativa, sino una forma de “custodiar los intereses de los ciudadanos”, quienes expresan su voluntad a través de las leyes aprobadas en el Congreso. Al corregir las irregularidades y el uso indebido de los subsidios, se liberan capitales que pueden ser reinvertidos en áreas donde la necesidad social es más urgente y legítima.
El proceso de fiscalización que ya se encuentra en curso busca verificar que los beneficiarios mantengan las condiciones exigidas por la normativa vigente. La Contralora señaló que, dado el enorme volumen de información que se procesa a nivel estatal, es natural que existan márgenes de error que deben ser subsanados. La labor del organismo será cruzar datos de manera eficiente para garantizar que la fe pública no se vea vulnerada por otorgamientos incorrectos, fortaleciendo así la transparencia y la probidad en la gestión de las carteras ministeriales encargadas de la protección social.
