Más de 1.500 fallecidos en accidentes de tránsito el año 2025 y expertos creen alza de cifra para 2026

Los antecedentes fueron expuestos durante el seminario Seguridad vial más allá del tránsito: Salud pública y justicia, realizado este viernes en la Universidad de los Andes (Uandes), instancia que reunió a autoridades, académicos y representantes de organizaciones para abordar las consecuencias de la siniestralidad y las propuestas para fortalecer su prevención.

Claudia Rodríguez, jefa del Departamento de Salud Pública de la Universidad de los Andes y directora de la ONG No Chat, advirtió sobre la urgencia de enfrentar conductas evitables, como el exceso de velocidad, la manipulación del celular y la conducción distraída, factores que identificó entre las principales causas de estos hechos.

La académica enfatizó que la seguridad vial debe abordarse desde una perspectiva integral, que involucre a las distintas instituciones. “Todas estas conductas hoy día requieren atención y se tiene que ver la seguridad vial como un enfoque sistémico, interdependiente, como una responsabilidad pública”, sostuvo, agregando que el Estado debe trabajar para evitar las muertes en el tránsito.

El impacto económico y social de los siniestros

Alberto Escobar, secretario ejecutivo de Conaset, alertó que la siniestralidad vial le cuesta al país entre el 1,5% y el 2% del Producto Interno Bruto (PIB). A estas pérdidas se suman las consecuencias familiares, laborales y sociales de los fallecimientos y las lesiones graves, que pueden afectar los ingresos de los hogares y generar mayores necesidades de apoyo estatal.

Entre los temas abordados en el encuentro destacó la propuesta de Conaset denominada “Conectar datos para salvar vidas”, que plantea avanzar hacia un sistema que integre información de Carabineros, el Ministerio de Salud (Minsal) y organismos de transporte, entre otras instituciones. El objetivo es identificar factores de riesgo, mejorar los diagnósticos y orientar intervenciones preventivas en las vías.

Justicia y protección de las víctimas

Otro de los temas abordados fue el proyecto de homicidio vial, presentado por el diputado Jaime Bassa junto a otros parlamentarios de distintos sectores políticos, que busca incorporar conductas relacionadas con fallecimientos y lesiones graves que actualmente no se encuentran tipificadas.

Carolina Figueroa, presidenta de Fundación Emilia, explicó que la iniciativa pretende armonizar estas disposiciones con la Ley Emilia y la Ley de Velocidad Temeraria Excesiva, con el propósito de fortalecer la reparación de las víctimas.

Asimismo, destacó la importancia de conectar información para mejorar los diagnósticos e “incorporar medidas más bien preventivas no solamente en conducta, sino que también en infraestructura”.

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