El seremi de Justicia y Derechos Humanos de Magallanes, Cristóbal Fernández Jofré, junto al director regional (s) de Gendarmería, teniente coronel Edgardo Pérez Casanova, destacaron los alcances de la nueva Ley Antipelotazos, normativa recientemente promulgada que fortalece la seguridad de los establecimientos penitenciarios y endurece las sanciones contra quienes intenten ingresar elementos prohibidos a las cárceles.
La autoridad regional de Justicia explicó que la iniciativa forma parte del conjunto de medidas impulsadas por el Estado para enfrentar el crimen organizado y fortalecer la seguridad penitenciaria.
“El Ministerio de Justicia ha impulsado fuertemente toda la legislación orientada a robustecer nuestras capacidades para enfrentar el crimen organizado. La Ley Antipelotazos viene a reforzar este trabajo, estableciendo penas que van desde los tres hasta los cinco años de presidio para quienes intenten ingresar elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios por lugares o vías no autorizadas”, señaló Fernández.
Por su parte, el director regional (s) de Gendarmería destacó que la normativa constituye una herramienta concreta para reforzar la labor preventiva y de control que se desarrolla diariamente en las unidades penales.
“El lanzamiento de objetos desde el exterior hacia las cárceles genera riesgos para la seguridad del establecimiento, del personal penitenciario y de las propias personas privadas de libertad. Esta legislación fortalece nuestra capacidad de respuesta y contribuye a prevenir este tipo de hechos”, indicó Pérez.
La autoridad penitenciaria agregó que durante el presente año se ha observado un aumento de intentos de ingreso de elementos mediante lanzamientos desde el exterior, situación que antes no registraba una presencia significativa en la región.
La nueva legislación sanciona tanto el ingreso como el intento de ingreso de objetos o sustancias mediante lanzamientos u otros mecanismos no autorizados, incluso cuando el elemento no sea recuperado o no sea posible determinar su contenido. Asimismo, establece sanciones para las personas privadas de libertad que sean sorprendidas portando artículos ingresados por esta vía.
Con ello, la normativa busca cerrar espacios de impunidad, fortalecer la seguridad perimetral de los recintos penitenciarios y dificultar el actuar de organizaciones criminales que intentan ingresar teléfonos celulares, drogas, armas, dinero u otros elementos prohibidos para mantener actividades ilícitas desde el interior de las cárceles.